Durante las últimas
dos administraciones federales en México encabezas por gobiernos de origen
panista, hubo una clara política de descentralización en cuanto a los recursos
se refiere, con la intención se decía, de brindar a las entidades federativas
mayor autonomía presupuestal para que pudieran aplicarla en los rubros que
tuvieran mayores necesidades particulares y que no necesariamente se adapten a
políticas nacionales como anteriormente se hacía.
Sin embargo, esta
aparentemente nueva autonomía no propició otra cosa que el abuso en la
mayor parte de los gobernantes y el uso discrecional del erario a fin de
beneficiar sus intereses personales; aunque dicho sea de paso, esto no es una
consecuencia ‘natural’ de contar con estas libertades sino que sencillamente,
las manos en las que recayeron estas responsabilidades no cuentan con el oficio
de servicio público.
Prueba de lo anterior
es el destino que le han dado a los distintos rubros de su gasto. A pesar de
que en 7 años su recurso se duplicó, esto no necesariamente se aplicó de manera
directa en obras públicas y acciones sociales, pues mientras estas crecieron
134 % en el periodo referido, los egresos operativos (servicios personales,
generales, materiales y suministros así como la adquisición de bienes muebles e
inmuebles para su operación) crecieron 71%; que aunque relativamente se observa
como la mitad de los otros mencionados, en términos absolutos el recurso
destinado fue más del doble. Como ya hiciera la observación el Instituto
Mexicano de la Competitividad (IMCO) en promedio 66 centavos de cada peso que
gastan las entidades federativas lo hacen en gasto corriente.
En el siguiente cuadro
observamos el detalle de algunos de sus gastos según las mismas entidades
reportaron –no existen criterios de obligatoriedad que homologuen su
presentación contable-:
Como se observa, a
pesar del gran incremento del que han sido beneficiadas en materia de recursos,
bajo el periodo referido se aprecia que en términos de deuda pública esta
estuvo cerca de triplicarse. En ese sentido existe una constante: aunque en
todas ellas el pretexto para recurrir a un apalancamiento aludía a la obtención
de mayor liquidez y la necesaria inversión en infraestructura, en realidad,
fueron canalizados a otras áreas. Incluso, si su voluntad hubiera sido tal,
habrían optado por obtener recursos mediante la reducción de su gasto corriente
o bien, del gasto operativo. Salvo el caso de Baja California Sur, ninguna otra
entidad demostró contar con una política de ahorro en la burocracia.
A partir del cuadro
citado se realizó un análisis que contempló el grado en que los recursos de la
entidad fueron elevados así como el destino que se le dio a estos, teniendo
como mejor práctica el mayor incremento en obras públicas y acciones sociales
mientras que como las peores, el incremento de su gasto operativo y de su deuda
pública (siempre que este incremento no se reflejara en mayores recursos en
infraestructura). Bajo los argumentos anteriores se construyó un indicador.
Aunque dadas las diversas combinaciones en las que podían incurrir y a que
ninguna se comportó de manera ejemplar, el valor obtenido situado entre 1 y 10
encontraba a la mejor calificada con no más de 5.81 puntos… de allí que
simplemente serán agrupadas de acuerdo a la aceptabilidad con la que manejaron
sus finanzas.
Así, la calificación
otorgada está en función comparativa a las demás y no corresponden a un perfil
deseable.
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